La situación de la Universidad de Valparaíso no solo es insostenible sino deshonrosa
Desde la Universidad de Valparaíso denunciamos irregularidades.
La situación de la Universidad de Valparaíso no solo es insostenible sino deshonrosa. Por poner ejemplos, los estudiantes de Cine han debido soportar una escasez infraestructural, donde la ausencia de laboratorios de fotografía y cámaras de uso académico han mermado los ánimos. De igual manera, los alumnos de Teatro se han visto con impedimentos claros en su estudio, debiendo copar distintas salas para tener clases en los horarios estipulados, las cuales estando en distintos lugares geográficos han desordenado las condiciones mínimas de funcionamiento. Igualmente, la carrera de Diseño en Rengo se abrió con 18 alumnos, los alumnos de Medicina han perdido los campos clínicos de práctica, y una serie no menor de carreras se ha visto en pugna con Directores y académicos por petitorios elementales. Entrando en materia financiera, los incrementos arancelarios han aumentado desde un 6,5% hasta por sobre un 30% respecto al reajuste de remuneración pública que dictamina un 5,5%, en condiciones de precariedad infraestructural como se evidenció recientemente en el Campus Aysén. A propósito de tal Campus, la destitución de su Director el año pasado fruto de renuencias personales con el actual Rector Sr. Juan Riquelme Zucchet, caló el ánimo de los estudiantes cuando salieron a flote las irregularidades de inversión hechas en tal Región, del cual Contraloría Interna de la Universidad redactó un informe, que evidentemente, sigue guardado.
Ya para el 2006, el endeudamiento figurado en el Presupuesto Anual sobrepasaba los 4.649 millones de pesos, con una deuda externa de casi 8000 millones de pesos, dado que los préstamos solicitados a los Banco de Chile eran para la financiación de proyectos, como por ejemplo el Proyecto Rengo, que alcanzaba una inversión estimada de 5.595 millones de pesos, proyecto que por supuesto, fue llevado a cabo con bombos y platillos por el Gobierno Regional de la VI Región, y gracias al cual quedaron más de 5 edificios de actividad académica hipotecados. Y las cifras no terminan allí. Existen hoy 15 causas llevadas por Fiscalía de la Universidad, organismo que como asesor jurídico de Rectoría no ha hecho más que retrasar y empañar la claridad de tales procesos, que cuando no han sido sobreseídos, su dilatación les ha llevado al olvido. Si consideramos que en la Junta Directiva de la Universidad, organismo no elegido democráticamente y que dirime las políticas institucionales de este establecimiento educativo, está actualmente el Sr. Luis Guastavino, Ex –Intendente Regional cuya salida fue exigida por la DC luego de las denuncias sobre cohecho electoral e irregularidades en el Programa de Empleos, podemos comprender que el actual Rector no hace otra cosa que iterar las mismas insidiosas prácticas que nos han llevado a poseer actuales cifras rojas, pese al esfuerzo publicitario que realiza por consolidar una imagen corporativa transparente.
No menos relevante resulta la política institucional llevada a cabo por la Junta Directiva de la Universidad, que en su afán de consolidación y crecimiento económico ha desmedrado la calidad docente y el aspecto cualitativo de una enseñanza centrada en valores y humanismo. No había pasado mucho tiempo desde que Rectoría perdiera un juicio ratificado por la Corte Suprema donde se le devolvió a alumnos de Trabajo Social el dinero cobrado más allá de lo que precisaba su carga académica, cuando se destapó la deuda contraída por el Restaurante Coco-Loco de Valparaíso con la Rectoría de la Universidad, por el uso de un estacionamiento ubicado en Avenida Brasil Nº 1701, que ascendía a 8 millones de pesos, y que increíblemente, fue pagada con comidas y propinas facturadas a la deuda, como señaló el Contralor de la Universidad en Acta Nº 218. Resulta increíble el llamado de atención del Contralor presente en la mencionada Acta acerca del trato o acuerdo de palabra con el cual se habría suscrito la forma de pago de la deuda.
Cuando se investigan someramente los tres Oficios presentados por Contraloría Interna, la situación se vuelve inaudita. El primero refiere a un excedente de 46 millones de pesos pagados por Rectoría a la Inmobiliaria Tocornal para el inicio de las obras en la Facultad de Medicina del Campus San Felipe, conociendo que el dueño de la constructora es el mismo al que se le compró el terreno, el arquitecto que se le contrata por trato directo por fuera de Planta Física para el desarrollo del Proyecto es el mismo que trabaja con la constructora Tocornal, y esta constructora no esta inscrita en el registro de contratistas de la Universidad. Igualmente curioso resulta saber que la primera licitación pública para la construcción del Campus mismo se consideró desierta, ya que Tocornal solicitaba 1.107 millones mientras el monto posible de pago no ascendía los 700 millones. Pese a ello, el Proyecto fue llevado a cabo ya que a Inmobiliaria descontó un 57% de su oferta inicial, y con el paso del tiempo, terminaron firmándose tres contratos para la construcción de la primera etapa por $648.537.127, $303.334.384 y $184.815.504 pesos, lo que suma un total de 1.172.687.015, es decir, un 80 % más que el presupuesto acordado en un principio.
Con respecto al segundo Oficio, un análisis de auditoría interna demostró que en la compra de un inmueble ubicado en calle 5 Oriente como parte de la Facultad de Ciencias Económicas se cancelaron 70 millones de pesos, recibiendo el vendedor una utilidad de tan solo 34 millones, vendedor que casualmente era un Docente de la Facultad mencionada que actuó como mediador entre la Inmobiliaria que representaba familiarmente. Finalmente, el último Oficio refiere a la adquisición de un terreno “ciego” y a dos casas para la Facultad descrita por las que se canceló 80 millones de pesos, en circunstancias que tales inmuebles ya eran propiedad de la Universidad. Igualmente escabrosa resulta la información de las Asignaciones al Mérito que ascienden a 736.652.600 pesos, repartidas a 86 funcionarios y académicos de la Universidad en el mes de Septiembre del año pasado, emitidas por un Decreto Exento 02687 que no figura en la información oficial de la Universidad y que coincidió con el proceso eleccionario del Rector iniciado en Octubre, proceso que casualmente favoreció al Sr. Riquelme Zucchet con un 82% de los votos, en condiciones que tales méritos no figuran públicamente y en circunstancias que dicho personero ostenta en el presente 8 años en el cargo.
Creemos firmemente que el movimiento estudiantil actual del cual han sido testigo los medios de comunicación y la comunidad, surgió como una reacción de molestia hacia lo que asomó públicamente como irregularidades administrativas. En efecto, tal reacción incitó a proclamar una bandera de reivindicación que tomó ribetes insospechados al asumir como objetivo central la democratización y la triestamentalidad de nuestra Universidad, y como metodología para tal fin la petición de renuncia de nuestro actual Rector, lo que derivó en una práctica de “tomas” masivas y “funas” públicas, términos que coloquialmente se han perfilado como las medidas de acción posibles dados los escasos recursos y a tono de puro ímpetu. Entendemos que claramente impera en un contexto tan globalizado como el nuestro una lucha por la imagen, integridad y prestigio, junto con una publicidad consolidativa y claramente engañosa, que en el esfuerzo de patentar un poderío de decisión y una autonomía, no sólo faculta al Estado para su protagonismo deficiente sino que altera las concepciones más burdas, y no menos ciertas, de lo que es educar. En tales condiciones, la petición de renuncia del actual Rector no solo es imprescindible, sino intransable. El mal manejo, la arbitrariedad de las decisiones, y los actuales procesos sumariales que implican posible malversación de fondos, legitiman por tanto el movimiento estudiantil que ha asomado a la palestra pública en estos últimos días. Es un deber moral, para cada alumno que se siente perjudicado recurrir a los medios de comunicación en su derecho de perseguir y demandar claridad y probidad administrativa.
La petición expresa de renuncia del actual Rector marca por tanto la simiente simbólica que es el nutriente principal de éste movimiento. Derrumbándose la ideología que lo sostiene, se derribarán los ánimos y las posibilidades, y es por ello que tal petición es no sólo intransable, sino absolutamente necesaria para conversaciones y negociaciones futuras entre la Rectoría y el alumnado. Esperamos fielmente que los organismos de Gobierno se pronuncien ante esta materia, que no solo daña la imagen de lo estatal, sino que hunde el dedo en una de las llagas más sensibles de nuestra nación, que es la educación, sobre todo cuando consideramos la transparencia, excelencia y tradición que nuestra Universidad ha establecido en su actuar durante más de 20 años.
Por ello, antes de buscar perjudicar la imagen de una casa de estudios que desde los inicios se nos presentó como fidedigna, esperamos robustecer con claridad y equidad en los hechos una imagen que hoy se nos presenta dañada, oscura y ambigua, fruto de la actual administración, y que hoy en día, sigue repitiéndose.
Fuentes consultadas: Actas Nº 196, 211, 212, 213, 214, 218, 220, 221, 225, 226, 227, 228 y 229 de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso, Actas de sesión ordinaria Nº 323, 324, 325, 326, 327 y 328 del Consejo Académico de la Universidad de Valparaíso, Oficio Ordinario Nº 136 del 29 de Mayo de 2007, Estatutos orgánicos de elección al Rector, Decreto Exento Nº 02687 fechado el 5 de septiembre 2006 de Asignación al Mérito y una entrevista al Rector Juan Riquelme del Mercurio de Valparaíso dada el sábado 2 de Junio del 2007.
Ivo Fierro
extraido de:
el cuidadano
LUNES
